Valparaíso, 01 de Junio de 2023.- “Espero que la Autoridad Sanitaria tenga la valentía, el coraje suficiente para tomar las medidas suficientes, incluso sancionatorias, de la mayor gravedad posible, contra las empresas privadas que estén contaminando en las comunas de Quintero y Puchuncaví, porque son los niños las principales víctimas de estas irregularidades; quienes, en su sagrado y legítimo derecho de asistir a clases, se están intoxicando”, acusó esta mañana el diputado del Distrito 6 de la región de Valparaíso, Nelson Venegas, tras el término del acto del cese de operaciones de cinco hornos de la fundición Ventanas de Codelco, luego de 58 años de actividad ininterrumpida.
En dicha planta se efectuó una ceremonia que destacó la presencia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; las ministras de Minería, Marcela Hernando, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas; el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, y su par de Quintero, Mauricio Carrasco, además de representantes de sindicatos de trabajadores y parlamentarios.
Entre ellos estuvo Venegas, quien aprovechó la oportunidad para reconocer el drama que viven los habitantes de esta “zona de sacrificio”. “A la gente que vive en este territorio no le gusta que llamen así el lugar donde tienen sus hogares, donde comparte con sus seres queridos y amigos, donde ven crecer a sus hijos; pero por esta vez las voy a llamar con ese nombre para que reconozcamos, encarnemos la impotencia que sienten estas personas que merecen ser considerados. Porque cuando hablamos de zonas de sacrificio no es que hablemos de un sector geográfico, de un terreno: hablamos, lisa y llanamente, que hay gente de sacrificio, personas que tienen que asumir ese sacrificio para que otros puedan vivir bien”, aseveró.
Cordón industrial
Afirmó el legislador que desde marzo hasta la fecha en las comunas de Quintero y Puchuncaví “van 1.908 personas intoxicadas. Y si sacamos la cuenta hacia atrás, desde el año 2018 a la fecha van más de 5.000 personas intoxicadas”.
Sostuvo que «en estos últimos días alrededor de 122 alumnos y vecinos presentaron síntomas de intoxicación. Son alumnos, son nuestros niños quienes se están intoxicando porque van a sus establecimientos educacionales. ¡Están enfermándose! No es justo que algunos niños de este país puedan tener todas las comodidades, mientras otros no”.
“Siempre —añadió— se están sacando resoluciones. Siempre se hacen discursos de buena crianza hacia estos sectores contaminados, pero las soluciones no llegan. Afortunadamente el Estado está cumpliendo con una de sus obligaciones, con el cierre de la fundición de Ventanas. Sin embargo la empresa privada no lo está haciendo. Son más de 20 las que operan en este cordón industrial y a la mayoría siquiera se le tiene que realizar una resolución de calificación ambiental, porque iniciaron actividades antes que se dictara la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente”.
Por eso, expuso Nelson Venegas, “que hemos sostenido en innumerables oportunidades la necesidad de que esta ley pudiera tener una aplicación retroactiva. Han funcionado dos comisiones investigadoras respecto de estos hechos, una el 2018 y otra que sesionó el año pasado, que me tocó presidir. Hicimos recomendaciones en dirección precisamente hacia obtener calificación ambiental con carácter retroactivo y dar lugar al cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema, ejecutoriadas, no sentencias que tengan recursos pendientes; pero no se está haciendo”.
El diputado socialista comentó que “hace unos días se solicitó, confirmado posteriormente por el Diario Oficial, una alerta ambiental que le da más facultades a la Autoridad Sanitaria. He de esperar que en esta oportunidad, como corresponde, la Autoridad Sanitaria tenga la valentía, tenga el coraje suficiente para regular, para aplicar las medidas incluso sancionatorias, de la mayor gravedad que sea posible; porque no puede ser que el Estado de Chile divida a la población infantil en: niños de primer nivel y niños que los enviamos al sacrificio, a que se contaminen, más cuando lo hacen por el sagrado y legítimo derecho de ir a los colegios. Este es un deber que el Estado ya no puede seguir eludiendo. Este es un deber que va más allá de lo político: tiene que ver con el deber humano que nos obliga a actuar en esa dimensión”.