La propuesta legislativa es valorada por diversas organizaciones feministas y está en plena etapa de discusión previo a su votación.
Valparaíso, 11 de Noviembre de 2022.- En el Congreso Nacional se retomó el debate respecto al proyecto de ley de reparación integral a las víctimas de femicidio. Esta propuesta tiene varios objetivos, como la creación y fortalecimiento de mecanismos para la atención, protección y reparación integral para las víctimas de este delito y sus familias, además de generar una suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales y hereditarias a los acusados de femicidio. La norma también establece que las víctimas tienen derecho a la reparación de todo daño causado y acceso a justicia especializada con perspectiva de género.
Al medio electrónico «El Mostrador», la diputada y autora de la iniciativa, Karol Cariola señaló que »Tenemos que tomar medidas para prevenir los femicidios, llegar a tiempo, pero además hacer justicia en aquellas familias que quedan desamparadas, en aquellas madres que tienen que buscar justicia por sus propias manos».
El Diputado independiente Jaime Araya Guerrero, en la sesión de sala donde se discutió la iniciativa, comenzó agradeciendo a las ONGs, parlamentarias autoras de la moción y familias «que hicieron posible que este proyecto llegue hasta acá». Indicó que «el femicidio y el suicidio femicida lamentablemente existe en nuestro país. Este estatuto busca ir en ayuda de las mujeres que sufren esto».
En esa misma línea, el Diputado Araya hizo un llamado a que, una vez aprobado el proyecto «no sea letra muerta y tenga aprobados los recursos, fundamentalmente en regiones, en localidades alejadas de grandes centros urbanos donde muchas veces las mujeres sufren (de violencia)».
El parlamentario destacó la lucha de mujeres de diversas ONGs para poder llegar a atender a mujeres victimas de violencia o familias que sufren producto de crímenes femicidas. En ese sentido -finalmente- el Diputado por Antofagasta llamó al Gobierno a establecer «cual va a ser el organismo público que va a asumir ese rol de protección y de garantizar el derecho a la justicia».