Política: Avanza proyecto del diputado Jaime Araya que prohíbe preguntar pretensiones de renta

El parlamentario es autor e impulsor de este Proyecto que busca terminar con una pregunta incómoda para muchas personas que postulan a un trabajo.

Valparaíso, 19 de Enero de 2024.- La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, un proyecto de ley que regula la publicidad y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo, y prohíbe la consulta a los postulantes sobre sus pretensiones de renta y otras asignaciones que no tengan tal naturaleza.

El impulsor y autor de la iniciativa, el diputado Jaime Araya, explicó que “este proyecto busca mejorar las condiciones del trabajador o trabajadora que busca empleo, porque no es lógico que el empleador le pregunte cuánto es lo que usted quiere ganar antes de la contratación. Nos parece que eso es un abuso y lo que el proyecto hace es prohibir que se explicite las pretensiones de renta”.

En Chile, 8 de cada diez avisos de empleos contienen la pregunta sobre la expectativa o pretensión de renta a un postulante, lo que impulsa a que un empleador finalmente se incline a contratar a aquella persona que espera un sueldo más bajo.

El parlamentario agregó que «si uno ingresa, por ejemplo, a la plataforma Laborum a buscar trabajo, hay un link especial donde dicen cuál es el sueldo que la persona quiere ganar. Esa suerte de licitación que se hace por la remuneración más baja, lo que hace, lejos de aumentar las remuneraciones, es bajarlas. Este es un abuso con el que hay que terminar, por eso valoramos el apoyo de la Cámara a esta propuesta”.

Pablo Guarnaccia, mánager de Randstad -empresa reclutadora y de selección de personas-, destaca que el proyecto busca “transparencia en los procesos de selección”, mientras que la Ministra del Trabajo Jeanette Jara, señaló a 24 Horas que es importante avanzar en este tema: “Cada labor que se cumple tiene un precio en sí misma, es importante que se publique el salario”.

En cuanto a las sanciones por no cumplir con esta norma, el texto legal establece que irán de las 1 a 10 UTM para las Micro y Pequeñas empresas; de 2 a 40 UTM las Medianas empresas; y de 3 a 60 UTM las Grandes empresas, es decir, casi $3.900.000 aproximadamente.

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