LIMA (18 de mayo de 2023) – El Gobierno del Perú debe garantizar que los responsables de matar y herir a manifestantes durante una reciente ola de manifestaciones históricas en el país sean llevados ante la justicia, dijo hoy un experto de la ONU.
«El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza llevó a la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes durante las protestas que comenzaron en diciembre de 2022», dijo Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en una declaración al final de una visita oficial de 10 días al Perú.
Voule afirmó que la rendición de cuentas y la reforma política son fundamentales para superar la crisis social e institucional en el Perú.
«Para resolver la crisis actual, el Gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento. Tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva», dijo el experto.
«El Estado debe garantizar el acceso a la justicia, los recursos, la reparación y la indemnización a las víctimas, incluso asumiendo el costo del tratamiento médico de los heridos», añadió.
Las protestas estallaron en todo el Perú después de que el Congreso declarara la vacancia del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 por interrumpir el orden constitucional con un intento de golpe de Estado. Las fuerzas del orden respondieron con medidas de represión en contra de los manifestantes y un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Más de 60 personas murieron en enfrentamientos en los que también resultaron heridas cientos de personas, incluyendo agentes de las fuerzas del orden, lo que causo la destrucción de propiedades. Si bien condeno cualquier acto de violencia dentro del contexto de una propuesta, estos alarmado por la cantidad de muertes, que incluye a transeúntes, niños, mujeres, miembros de comunidades indígenas y agentes del orden.
«Las protestas reflejan una pérdida de confianza en el orden democrático existente en el Perú y en sus instituciones», declaró el experto de la ONU. «Las poblaciones indígenas y rurales se sienten particularmente excluidas y no representadas en los sistemas económico, social y político del Perú. Ellos son los más impactados por la exclusión y la pobreza en el Perú, y afirman que no han podido beneficiarse de los años de democracia», afirmó.
El experto instó al Gobierno del Perú a respetar los derechos humanos de todos los peruanos abordando las causas históricas de fondo de las protestas.
«Perú debe reconocer que la solución a esta crisis pasa por abordar las profundas injusticias sociales y económicas y las disparidades que afectan a las comunidades rurales e indígenas», afirmó Voule. «Esto incluye garantizar el acceso a la justicia, a la educación y a los servicios de salud, y adoptar reformas políticas para reforzar el Estado de Derecho, la separación de poderes y crear una democracia más representativa y participativa».
Un diálogo amplio y representativo para debatir las reformas, que incluya a las comunidades que protestan, ayudará a rebajar las tensiones en el país, afirmó el experto. Al respecto, aliento tanto al gobierno como a la sociedad civil a promover el dialogo para resolver la crisis actual.
Voule se mostró alarmado al ver cómo el racismo y la discriminación arraigados en el país habían afectado la respuesta por parte del gobierno a las protestas.
«Deploro la forma en que se estigmatizó y trató a las comunidades indígenas que protestaban. El gobierno debe reconocer que los miembros de las comunidades indígenas se vieron afectados por la violenta y desproporcionada represión ejercida durante las protestas», afirmó.
El experto condenó la retórica hostil utilizada en contra del movimiento de protesta, en particular el etiquetado de los manifestantes como terroristas. «Dada la violenta historia del terrorismo en el Perú, esta acusación es peligrosa y traumática», dijo Voule.
El experto de la ONU dijo que el poder judicial peruano había respetado los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en el pasado y evocó la responsabilidad del Estado de proteger estos derechos, incluso contra la criminalización y la estigmatización.
«Hoy, más que nunca, el poder judicial peruano debe actuar con independencia para preservar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación», afirmó.
«Las víctimas confían en que el poder judicial respete las normas de derechos humanos y proteja sus derechos, e insto a las autoridades a que garanticen el debido proceso a todos aquellos que han sido acusados o están siendo investigados», dijo Voule.
El experto elogió la labor de las asociaciones de víctimas y de la sociedad civil y recomendó reforzar la capacidad y la independencia de la Defensoría del Pueblo, que ha desempeñado un papel fundamental en la supervisión, garantizando la asistencia legal a las víctimas y previniendo nuevos actos de violencia.
Voule agradeció al Gobierno del Perú por su disposición a facilitar su visita y alentó a las autoridades a seguir cooperando con el sistema de la ONU.
En junio de 2024 se presentará al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la visita del Relator Especial al Perú.