País: Corte Suprema rechaza recurso de nulidad y confirma condena por tenencia ilegal de armas en Puyehue

Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a su representado, Joel Guerrero Jara, a la pena de cumplimiento efectivo de 3 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de tenencia de arma de fuego prohibida. Ilícito sorprendido en diciembre de 2020, en el sector Pailahueque, callejón Los Pinos, comuna de Puyehue.

Santiago, 06 de Septiembre de 2022.- La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a su representado, Joel Guerrero Jara, a la pena de cumplimiento efectivo de 3 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de tenencia de arma de fuego prohibida. Ilícito sorprendido en diciembre de 2020, en el sector Pailahueque, callejón Los Pinos, comuna de Puyehue.

En fallo dividido (causa rol 93.270-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari– descartó infracción al debido proceso, al proceder la policía a detener al recurrente en el marco de un procedimiento de notificación de una medida cautelar decretada en su contra en procedimiento judicial diverso.

“Que resulta relevante señalar que la sentencia impugnada consignó los presupuestos de hecho que se tuvieron como establecidos, consistentes en que el día 06 de diciembre del año 2020, en el marco de un procedimiento tendiente a la notificación y cumplimiento de una medida judicial decretada en contra del acusado Guerrero Jara y que le imponía abandonar el inmueble que compartía con su cónyuge, además de la prohibición de acercarse a esta última, los funcionarios policiales pudieron observar que en un perchero que estaba en el interior del domicilio del imputado, colgaba una especie que aparentaba ser un arma de fuego –una escopeta– consultándole al encartado por dicha especie, indicándoles este que no tenía los papeles del arma, como asimismo, que la había adquirido cinco años antes”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que una vez sentado lo anterior, conviene tener presente que en la especie la defensa ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estima que al realizar estos una serie de diligencias de investigación de carácter intrusivo, sin que existiera constancia de haber recibido instrucciones del Ministerio Público en tal sentido –en particular, la de obtener una autorización del propietario o encargado para ingresar al domicilio del acusado– y sin contar, por consiguiente, con autorización judicial para ello, procedieron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implica que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas y, por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia”.

“En el mismo sentido, cuestiona la legitimidad del interrogatorio del que habría sido objeto su representado, toda vez que al consultársele sobre el origen del arma y respecto de si contaba con los permisos respectivos para su tenencia, se vulneró su derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse”, añade.

Para la Sala Penal, en la especie: “(…) de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que conforme se determinó en autos, estos, en el marco del cumplimiento de una orden emanada de un juzgado de familia, la que tenía por objeto notificar al encartado de una medida judicial decretada en su contra, la que le imponía abandonar el inmueble que compartía con su cónyuge, además de la prohibición de acercarse a esta –en los términos que dispone el art. 92 N° 1 de la Ley 19.968, al reglar las ‘Medidas cautelares en protección de la víctima’–, pudieron percatarse que al interior del inmueble, y más precisamente en un perchero se encontraba colgada una escopeta”.

“En base –ahonda– a tal hipótesis fáctica y como acertadamente lo señala el fallo impugnado, el artículo 83 letra a) del Código Procesal Penal faculta a las policías, en el ámbito de su deber de dar protección a las víctimas, más aún en un contexto eventual de violencia intrafamiliar –en el que incluso pudiese verse expuesta la ofendida a una situación de riesgo inminente de aquellas a que se refiere el art. 7 de la Ley N° 20.066–, a realizar autónomamente aquellas diligencias conducentes y razonables que respondan a la necesidad de protección, por lo que la ejecución de una orden judicial que determinaba el alejamiento del imputado respecto de su cónyuge, además de la obligación de abandonar el hogar común, hacía esperable y necesario que los agentes policiales tuvieran una conducta de atención, observación y alerta respecto de todo lo que se verificaba o pudiera verificar en su desarrollo, sin que ello implique vulnerar la ley”.

“Conforme lo anteriormente expuesto, resultaba lícito para los policías permanecer en el ingreso del inmueble, observar su interior y requerir información general, en este caso preguntar al encausado sobre el origen del arma y acerca de si contaba con la autorización respectiva para su tenencia, máxime si conforme se estableció en autos, la escopeta incautada era visible desde la puerta de ingreso al domicilio”, afirma la resolución.

“Por lo demás–continúa–, reafirma lo antes razonado la circunstancia no controvertida en estrados de haberse autorizado el ingreso de los funcionarios policiales al domicilio, por la encargada del mismo, esto es, la cónyuge del acusado”.

“En consecuencia, el procedimiento policial adoptado se ajustó estrictamente a lo preceptuado en los artículos 83 y 84 del Código Procesal Penal, descartándose la infracción de garantías fundamentales denunciada por la defensa, lo que necesariamente lleva a desestimar la ilegalidad denunciada por la recurrente”, concluye.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Llanos.

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