País: Corte Suprema rechaza recurso de nulidad y confirma condena por robos con intimidación en Maipú

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó a Kevin Grandón Jara y Daniel Reyes Medina a 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de coautores de dos delitos consumados de robo con intimidación. Ilícitos cometidos en mayo de 2020, en la comuna de Maipú.

Santiago, 10 de Agosto de 2022.- La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad impetrados por las defensas, en contra de la sentencia que condenó a Kevin Mauricio Grandón Jara y Daniel Omar Reyes Medina a 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de coautores de dos delitos consumados de robo con intimidación. Ilícitos cometidos en mayo de 2020, en la comuna de Maipú.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari– descartó infracción al debido proceso en diligencias realizadas por la policía, tras la detención en flagrancia.

“Que en cuanto a la causal principal esgrimida por la defensa de Reyes Medina de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, mediante esta se reclama que la policía, una vez que detiene a Reyes Medina en situación de flagrancia por el segundo delito, procede sin instrucción del fiscal a realizar diligencias investigativas, sin facultades legales para ello, en particular la revisión del teléfono celular que portaba y llamar a una persona registrada en su agenda, actuación mediante la cual se ubica a la víctima del primer robo, la que en ese momento no había formulado su denuncia y se le invita a hacerlo”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que no existe controversia que el teléfono manipulado y revisado por los agentes no pertenecía a Reyes Medina, sino a Nancy Pezo Ponce, a quien aquél –junto a Grandón Jara– lo había sustraído momentos antes”.

“Pues bien, la jurisprudencia de esta Corte uniformemente ha resuelto que la solicitud de exclusión solo puede pretenderse por el afectado directamente por la infracción de garantías, con lo que cabe entender que solo el titular del derecho conculcado, en este caso la privacidad y la propiedad, podría reclamar de ello y obtener como sanción la proscripción del proceso de la prueba que de ella provenga”, añade.

“Así –ahonda–, en la causa Rol Nº 154.823-2020, de 29 de junio de 2021, se declara ‘Que, en lo concerniente al primer reproche efectuado por la defensa, consistente en la indebida manipulación del teléfono celular de Mozombite Chamoli y los mensajes enviados por este a su representado, una vez que se encontraba detenido, sin autorización judicial, lo cierto es que la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, corresponde que sea invocada respecto del titular y no de sujetos que no detentan dicha calidad, como acontece en la especie’”.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, en lo relativo a la infracción al debido proceso que acusa el recurrente por revisar los policías el teléfono celular y realizar una llamada desde este con el objeto de ubicar a la víctima, sin instrucción del Fiscal, cabe recordar que el imputado Reyes Medina se encontraba detenido en situación de flagrancia y ni siquiera se ha mencionado que reclamara durante su detención ese teléfono como propio”.

Para la Sala Penal, en la especie: “En ese contexto, como les ordena el artículo 83 letra c) del Código Procesal Penal, los policías debían recoger el aparato por corresponder a un efecto del delito y, además, identificarlo adecuadamente, lo que importa en este caso determinar su titular, lo que hizo menester efectuar la llamada cuestionada. Con esta se identifica a su dueña, quien en la comunicación les informa a los agentes que el teléfono había sido robado recientemente, ante lo cual la invitan a formular la denuncia, actuación que no es más que el cumplimiento de su deber de entregar información a la víctima sobre sus derechos, para que pueda conseguir la restitución del objeto y ejercer la acción penal, en su caso”.

“Que, finalmente, el arbitrio deducido en favor de Grandón Jara se sustenta en la causal de la letra e) del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo texto, porque el tribunal no pudo establecer las acciones que realiza cada uno de los acusados en los delitos imputados”, sostiene.

“Que este recurso, al basarse en la misma causal y en motivos similares a los ya analizados respecto de Medina Reyes, motivos que también le son predicables a su respecto, será igualmente desestimado”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se rechazan los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los acusados Kevin Mauricio Grandón Jara y Daniel Omar Reyes Medina contra la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa RUC N° 2000508207-3 y RIT N° 31-2022, y el juicio oral que le antecedió, los que, por ende, no son nulos”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *