País: Corte Suprema confirma condenas por tráfico de drogas, porte de armas de fuego y tenencia de municiones en Quilpué

Santiago, 07 de Julio de 2022.- La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia que condenó a Germán Alfonso Ponce Añazco a las penas efectivas de 8 años y 3 años y un día de presidio, como autor de los delito consumado de tráfico ilícito de drogas, subsumido en el delito de cultivo de marihuana, y porte ilegal de arma de fuego; y a Raúl Alejandro Ponce Catalán a 5 años, 3 años y un día y 541 días de reclusión, como autor de los delitos consumados de tráfico de drogas, subsumido en el delito de cultivo de marihuana, tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia ilegal de municiones. Ilícitos cometidos entre diciembre de 2019 y abril de 2020, en la comuna de Quilpué.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– descartó infracción al debido proceso en las diligencias de georreferenciación realizadas por las policías en la etapa de investigación.

“Que, por otra parte, los elementos del debido proceso también han sido desarrollados mediante la incorporación al procedimiento de una serie de resguardos tendientes a garantizar que el imputado goce, desde el momento en que se le atribuya participación en un hecho punible, de una serie de derechos que garanticen el respeto de la presunción de inocencia que lo ampara y la igualdad de armas, entre los cuales se encuentra el ser oído, que supone el derecho a conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan para ejercer adecuadamente su derecho a defenderse de todos los hechos y circunstancias que se le imputan y formular los planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar y controvertir la prueba de cargo, a probar los hechos que él invoca, y la prohibición de ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la formalización y en la acusación”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que, sin embargo, esta Corte también ha resuelto uniformemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (entre otras, SCS Nºs 79969-2021, de 23 de febrero de 2022; 39.853-2021, 28 de febrero de 2022; 39634-2021, de 11 de marzo de 2022)”.

“Que, el fundamento de los articulistas para sustentar la causal principal hecha valer no se relaciona con algún medio de prueba que se haya obtenido con inobservancia de garantías fundamentales. El reproche planteado guarda relación, en primer lugar, con la obtención de coordenadas de posicionamiento global por parte de un funcionario policial, de manera autónoma y sin dejar constancia de aquello en la carpeta investigativa; y, asimismo, que dichas coordenadas no fueron lo suficientemente precisas al momento de pedir la correspondiente orden de entrada y registro que culminó con la incautación de los elementos incriminados”, añade.

Para la Sala Penal, en la especie: “(…) en atención a lo expresado en la motivación precedente, cabe entender que la actuación policial se ajustó a derecho, toda vez que los antecedentes que sirvieron de sustento a la medida intrusiva que culminó con el hallazgo de la evidencia incriminatoria y la detención de los acusados se fundó en antecedentes reales, descartando la existencia de un vicio de ilegalidad a su respecto, máxime si el reproche no se relaciona directamente con algún medio probatorio incorporado durante la audiencia del juicio oral. Huelga señalar que la obtención de las coordenadas de posicionamiento global de manera alguna pueden considerarse como diligencias autónomas, máxime si las mismas son un hecho público y notorio de acuerdo al estado del arte en materia cartográfica”.

“Del mismo modo, dichas coordenadas fueron empleadas como fundamento para que el ente persecutor pudiera solicitar la orden de entrada y registro materializada el 5 de abril de 2020 y, cualquier imprecisión en las mismas fueron analizadas en profundidad por los sentenciadores del fondo, careciendo de trascendencia según quedó asentado pues, la medida intrusiva fue autorizada por tribunal competente, descartándose que la afectación a la inviolabilidad del hogar de los acusados haya sido ilegítima por lo que las causales en estudio no podrán prosperar”, concluye.

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