Una gran crisis en la frontera norte del país. Que ha sido enfrentada con poco interés por parte del Estado, y como ha sido la tónica en estos últimos años nuevamente las autoridades llegan tarde.
La ciudadanía de la región Tarapacá y especialmente los de las comunas de Colchane, Huara e Iquique han debido soportar los rigores de una desatada inmigración, especialmente de venezolanos, quienes hay que recordar, fueron especialmente invitados a emigrar hacia el país por el propio presidente Piñera en la ciudad colombiana de Cúcuta.
Y muchos tomaron en serio la invitación y hoy se encuentran pisando suelo chileno. Pero, no de manera legal y formal, hemos visto como en los últimos meses ha aumentado la cantidad de inmigrantes de manera sostenida quienes desde territorio boliviano han ingresado por una frontera desprotegida.
Durante la pandemia las fronteras del país han permanecido cerradas, pero en Tarapacá no ha sido así, se ha notado una falta muy evidente de resguardo a pesar de que nuestras fuerzas armadas cuentan con el personal preparado y elementos disuasivos de última generación que hubiesen evitado el ingreso de miles de personas en condiciones irregulares.
Dada la situación actual es el gobierno central quien tiene la obligación de actuar. Quienes poseen las facultades legales para ordenar el ingreso de migrantes al país son el Presidente, la Cancillería, y los ministerios del Interior y Defensa.
En primer lugar se debe reforzar debidamente la vigilancia en la frontera con una dotación militar mayor y reforzar la dotación de carabineros en Colchane, además debería aumentar el accionar de Aduanas. Debiera ser este el primer filtro. que responda adecuadamente sobre la idoneidad de los migrantes para que se produzca su ingreso al país.
Luego en Iquique debiera existir un campamento para inmigrantes, incluso la Acnur comienzos de este año, planteó la necesidad de un recurso parecido como una de las vías de solución, ya que de esta forma se evitaría que estas personas, en primer lugar quedan abandonadas a su suerte en Iquique, o algunos puedan seguir hacia otras ciudades del sur. En ese lugar debieran recibir asistencia y luego sólo quienes cumplan con los requisitos que exige la normativa de nuestro país, puedan ingresar debidamente hacia el resto del país.
Claramente, el desalojo de la Plaza Brasil en Iquique ha marcado el inicio de una nueva conciencia nacional sobre el tema de la migración, se requiere una normativa mucho más exigente, moderna y que no cierre las puertas a una inmigración legal.
En los próximos meses veremos el surgimiento de una gran cantidad de movimientos ciudadanos que exigirán una mayor acción de parte de las autoridades, a este gobierno sabemos que no le podemos pedir más, pero el desafío es para el nuevo gobierno y los candidatos deberían plantear claramente sus convicciones sobre este tema.
Por otra parte, la nueva Constitución debería considerar un marco con estándares exigentes para una migración segura y en condiciones apropiadas para cualquier persona.
Además, se debe tener en cuenta la figura de los Delegados Presidenciales, no pueden existir instancias con poder de resolución que están absolutamente subordinadas a un poder central, que no actúa, versus la existencia de Gobernadores regionales, electos con el voto ciudadano, pero sin atribuciones sobre asuntos que son determinantes en la vida de las regiones.
La dignidad de los migrantes es un tema central, la presencia de gente viviendo en las plazas, el ingreso de delincuentes sin control, el posible surgimiento de movimientos xenófobos, y una pandemia que aún nos afecta, nos debe llamar la atención, es urgente el ordenamiento de esta crisis, que debe ser una prioridad real para la agenda pública de los próximos meses.