La inducción al suicidio y el suicidio femicida son dos nuevas figuras que incorpora la iniciativa, que surge a raíz del caso de Antonia Barra. El Senado también respaldó la iniciativa la que será enviada al Ejecutivo para su despacho.
Valparaíso, 31 de Agosto de 2022.- La Cámara aprobó, con 125 votos a favor y 12 abstenciones, el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto que protege los derechos de las víctimas de delitos sexuales. La iniciativa mejora las garantías procesales y busca evitar la revictimización.
Con la ratificación unánime del Senado del informe de la Comisión Mixta sobre la llamada ‘Ley Antonia’, la propuesta legal quedó a un paso de convertirse en ley, restando solo su promulgación por parte del Ejecutivo.
El texto fue enviado a Comisión Mixta para mejorar las normas relativas a la inducción al suicidio o suicidio femicida. Ahora, la propuesta castiga a quien, en el marco de violencia de género, cause el suicidio de una mujer. Esta persona recibirá pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Es decir, de tres años y un día a diez años.
Luego, define que la violencia de género es cualquier acción u omisión basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Ello, donde quiera que esto ocurra, especialmente en razón de su género.
Además, el proyecto castiga a quien induzca a otra persona a cometer suicidio con presidio menor en sus grados mínimo a medio. O sea, de sesenta y un días a tres años.
Pero, si por tal circunstancia se produce la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo. Esto es, entre 541 días a cinco años.
En tanto, si la inducción al suicidio y la consecuente muerte de la víctima se produce con ocasión de concurrir alguna de las circunstancias relativas a la razón de género, el agresor recibirá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Ello equivale a un lapso de tres años y un día a diez años.
Normas aprobadas
Entre otras materias, el proyecto plantea la capacitación de personal en formación en género para evitar la revictimización. También se incorpora la anticipación de la prueba, con el fin de evitar la victimización secundaria.
El Estatuto de Garantía a favor de las víctimas de delitos sexuales dispone cambios en el Código Procesal Penal. Así, por ejemplo, se establece la no revictimización y la protección de los datos personales. Pero, además, el enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, junto con evitar cuestionamientos por la conducta anterior o vida privada de la víctima.
Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que “humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad de la víctima”. Adicionalmente, se incorporan medidas de prisión preventiva en estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.
La Ley Antonia surgió a iniciativa de las diputadas Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS), junto a los ex diputados y ex diputadas Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Paulina Núñez y Marcela Sabat.