Código de Aguas: Diputados DC emplazan al Gobierno a no desmantelar el proyecto y respetar el corazón de la reforma

“La Cámara aprobó una reforma que consagra al agua como bien nacional de uso público y termina con los espacios que han permitido la especulación y acaparamiento del vital recurso. Esperamos que ello se mantenga y que el Gobierno no pretenda desmantelar el proyecto con las indicaciones sustitutivas anunciadas”.

Santiago, 27 de Abril de 2018.- Los diputados de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio, Pablo Lorenzini, Daniel Verdessi, Joanna Pérez y Raúl Soto manifestaron su preocupación tras la confirmación del envío de indicaciones sustitutivas al proyecto de Reforma al Código de Aguas, adelantando que “no estaremos disponibles para apoyar cambios que modifiquen el corazón de la reforma que busca terminar con un código impuesto en dictadura, que considera al agua como un bien económico y no como un bien nacional de uso público. Los cambios no pueden pretender desmantelar lo aprobado ya en la Cámara””.

Lo anterior, con motivo de los anuncios efectuados por los ministros de Agricultura y Obras Públicas por el ingreso de indicaciones sustitutivas al proyecto, ya aprobado en primer trámite y actualmente en la comisión de agricultura del Senado, cambiando las normas relacionadas con la entrega de concesiones temporales de agua, y la caducidad y extinción de derechos de quienes acaparan.

Al respecto, el diputado Gabriel Ascencio, integrante de la comisión de recursos hídricos de la Cámara, señaló que “esta fue una reforma que generó un controvertido debate y donde además existe una legítima demanda y aspiración ciudadana por contar con un Código que responda a las necesidades actuales, consagrando el agua como un bien nacional de uso público y entregando aquellas herramientas que permitan responder a la escasez del recurso que hoy afecta a más del 14 por ciento de los habitantes en el país. Los cambios no deben ser para favorecer a unos pocos, hay que pensar en el colectivo y principalmente en las comunidades”.

El diputado Raúl Soto señaló al respecto que “un país que aspira a ser desarrollado y, al mismo tiempo más justo y sustentable, no puede tener al agua, nuestro principal elemento vital, como centro de un permanente conflicto de interés entre privados. El agua es un bien de uso público y por tanto necesitamos una legislación moderna que de certeza y asegure cobertura de su uso y goce por parte de toda la comunidad. Esperamos que el gobierno no retroceda por motivos meramente ideológicos y termine favoreciendo a unos pocos en desmedro de la gran mayoría, como ya se hizo, por ejemplo, con la ley de pesca.”

La diputada Joanna Pérez agregó que “sabemos que es un proyecto que genera controversia, porque lo que se encuentra en juego es uno de los elementos vitales para los diferentes negocios extractivistas como la minería, forestales, hidroeléctricas y las grandes empresas agropecuarias. Pero, como diputados DC, vamos a insistir en la defensa de los más pequeños y de las comunidades, asegurando su acceso al vital elemento”.

El diputado Pablo Lorenzini, en tanto, agregó que “volveremos a ver el lobby, no cabe duda y por qué no, el conflicto de interés, aquí tratarán de cambiar lo ya aprobado y por eso desde ya adelantamos que no estaremos disponibles cuando el proyecto vuelva a tercer trámite”.

El diputado Daniel Verdessi enfatizó, además, en “lo importante que es avanzar en este nuevo código, de hecho, esto es clave para regiones como Valparaíso, donde las comunas del interior están enfrentando una escasez del recurso que pone en riesgo a la población; el proyecto no puede ser desmantelado y debe asegurarse que no queden espacios para la especulación y el acaparamiento del recurso”.

Cabe señalar que las líneas centrales de la reforma son: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

La Reforma al Código de Aguas nace a raíz de una moción parlamentaria ingresada en el 2011, que recibe posteriormente , en el 2014, indicaciones sustitutivas ingresadas en el gobierno de la presidenta Bachelet. Tras un largo debate, el 22 de noviembre de 2016 y después de haber pasado por tres comisiones: Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, la Cámara despachó la reforma al Senado.



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