País: Corte Suprema dicta condenas en tres procesos por violaciones a los derechos humanos

La Corte Suprema dictó sentencias en contra de agentes de Estado por diversos delitos de secuestro calificado y homicidio, perpetrados entre 1973 y 1975, en Valparaíso, Cajón del Maipo y el Cerro San Cristóbal, respectivamente.

Santiago, 14 de Abril de 2015.- En el primer fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas- dictó sentencia definitiva en el caso caratulado como los «Ocho de Valparaíso». Investigación que sustanció el ministro en visita Alejandro Solís por los secuestros calificados de: Horacio Neftalí Carabantes Olivares, Alfredo Gabriel García Vega, María Isabel Gutiérrez Martínez, Fabián Ibarra Córdova, Sonia del Tránsito Ríos Pacheco, Carlos Ramón Rioseco Espinoza, Abel Alfredo Vilches Figueroa y Elías Ricardo Villar Guijón, ilícitos perpetrados en enero de 1975, en diversos puntos de Valparaíso.

En fallo dividido, la Sala Penal acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, rebajando solamente a 541 días de presidio la sentencia dictada en contra Pedro Herrera Henríquez, en calidad de cómplice en dos de los secuestros calificados. En tanto, confirmó las penas de 10 años y un día de presido dictadas en contra de Rolf Wenderoth Pozo, Daniel Cancino Varas, por su responsabilidad como autores; de 5 años y un día de presidio para Rubén Fiedler Alvarado (como cómplice), y 3 años y un día de presidio para Fernando Lauriani Mauturana, como autor.

En el aspecto civil, se ratificó la condena que ordena al fisco pagar, por el concepto de daño moral, indemnizaciones de:
$30.000.000 (treinta millones de pesos) a: Josefa Martínez Ruiz, madre de María Isabel Gutiérrez Martínez; Liliana María Castillo Rojas, cónyuge de Horacio Neftalí Carabantes Olivares, e Hilda Elena Espinoza Figueroa, cónyuge de Carlos Ramón Rioseco Espinoza;
$20.000.000 (veinte millones de pesos) a: Claudio Abel Vílchez Gutiérrez, Abel Alberto Vilches Gutiérrez, María José Martínez Saavedra (antes María Georgina Vilches Gutiérrez) y Cristián Ernesto Vilches Gutiérrez, todos hijos de Abel Alfredo Vilches Figueroa; a Esteban Rodolfo Rioseco Espinoza, hijo de Carlos Rioseco Espinoza, y $10.000.000 (diez millones de pesos) a: Nibaldo Humberto Ríos Pacheco, hermano de Sonia del Transito Ríos Pacheco; Olga Adriana Sánchez Martínez, Cecilia Elvira Sánchez Martínez e Irene Gloria Sánchez Martínez, hermanas de María Isabel Gutiérrez Martínez.
Uruguayos

En el segundo fallo (causa rol 21.384-2014), la sala, con idéntica integración, dictó sentencia en la investigación por los secuestros calificados de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, ilícitos perpetrados a fines de 1973, en el sector de el Cajón del Maipo.

En la resolución, la sala rechazó el recurso de casación y confirmó las penas de 6 años de presidio para: Mateo Durruty Blanco, Mickel Uriarte Burotto, Gabriel Bernardo Montero Uranga, Francisco Fernando Martínez Benavides, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Antonio Vargas Avendaño, en calidad autores.
Cerro San Cristóbal

En tanto, en el tercer fallo, Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- confirmó la pena de 10 años y un día de presidio para Patricio Román Herrera, por su responsabilidad en el homicidio de Germán Eduardo Muñoz Flores, perpetrado el 27 de marzo de 1974, en el sector La Pirámide del Cerro San Cristóbal. Proceso que investigó el ministro Mario Carroza.



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