Gobierno envía a trámite Proyecto de Ley que fortalece el Sistema de Defensa de la Libre Competencia

La Mandataria destacó que con esta iniciativa “todos ganan”. Entre sus principales lineamientos, se propone un tipo penal especial para casos de colusión, con penas de reclusión desde 5 años y un día a 10 años; que las multas máximas puedan llegar al 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido; y la instauración de sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica.

Bachelet LC 1603Santiago, 16 de Marzo de 2015.- En una ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda y en compañía de los ministros de Hacienda, Alberto Arenas; de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes; y de Justicia, José Antonio Gómez, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó esta mañana el Proyecto de Ley que reforma el Sistema de Defensa de la Libre Competencia. La iniciativa modifica el decreto con fuerza de Ley N° 1 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211, de 1973.

En su discurso, la máxima autoridad del país afirmó que “el sentido del proyecto que hoy enviamos es promover la libre competencia, a través de una institucionalidad mejor, más transparente, que perfecciona los mecanismos de control de fusiones y que establece sanciones eficaces contra la colusión”.

En línea con lo sugerido por la OCDE en su informe “Evaluación del Régimen de Control de Concentraciones en Chile”, propone un control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración, instaurando la notificación obligatoria y preventiva a todas las operaciones que sobrepasen ciertos umbrales monetarios, además de establecer sanciones por incumplir con esta obligación. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) sólo podrá investigar operaciones que califiquen bajo los umbrales y que no le hayan sido notificadas, hasta 1 año después que éstas se hayan perfeccionado.

“Con este Proyecto de Ley que estamos enviando al Parlamento, queremos poner fin a los casos de colusión, como los que hemos conocido en las farmacias o los pollos. Porque la colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista”, subrayó la Jefa de Estado. Y agregó que “es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva. Porque con la colusión y otras malas prácticas, no sólo se daña la economía del país, sino también se perjudica directamente el bolsillo de las familias chilenas, y eso, sin duda, es muy grave”.

En este sentido, aclaró que con esta iniciativa legal “que moderniza y perfecciona la libre competencia, todos ganan: los consumidores, porque obtienen precios justos y mejores productos; las empresas, porque la confianza de los consumidores les permite reducir sus costos de transacción; y el país, porque nuestra economía se hace más dinámica y aumenta la legitimidad de sus actores”.

El Proyecto de Ley establece el perfeccionamiento de herramientas de combate a colusión y de otras conductas contrarias a la competencia, mediante un tipo penal especial para casos de colusión contemplados en el Código Penal, que establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo que va desde 5 años y 1 día a 10 años, con el fin de disuadir de forma efectiva la participación de personas naturales en este tipo de prácticas.

Sumado a ello, establece un nuevo límite para las multas aplicables por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tanto a la colusión, como al resto de las conductas anticompetitivas. Las multas máximas podrían llegar al 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido por la infracción. Con ello, se espera que aumente sustantivamente la disuasión que hoy se ve impedida a raíz de la presencia de límites máximos a los montos de las multas.

Asimismo, incluye mejoras institucionales y de procedimientos, entre las que destacan: el otorgar a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de realizar estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información tanto de particulares como de instituciones públicas; establecer sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE, con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa, incompleta o de forma extemporánea, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información efectuadas por la FNE, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar; y contar con dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Al finalizar su discurso, la Mandataria destacó que “sancionar como corresponde los casos de colusión es un acto de justicia, de transparencia y de protección a nuestra economía y a nuestros consumidores”, aunque también fue enfática al aclarar que “la gran mayoría de las empresas desarrolla sus prácticas competitivas dentro del marco de la legalidad y de la buena fe, y no vamos a permitir que la conducta de unos pocos empañe el quehacer de nuestra actividad empresarial, que es fundamental para el crecimiento económico”.



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